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¿A quién sirven los diputados?

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VERAZ

¿A quién sirven los diputados?

 

Por Francisco Berlín Valenzuela*

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el diputado es la “persona nombrada por elección popular como representante en una cámara legislativa, nacional, regional o provincial”.

Se afirma que los diputados son ciudadanos escogidos por el pueblo, para que los represente en el gobierno. El vocablo deriva del participio pasivo “diputar”, palabra derivada del latín “deputare” y tiene el significado de nombrar, destinar, señalar o elegir a alguien.

Actualmente se considera al diputado como un representante elegido por un grupo de ciudadanos para formar parte de un cuerpo legislativo, el cual recibe diversos nombres como son: Cámara de Diputados o Congreso en México; House of representatives en los E.U.A.; Cámara de los Comunes en Inglaterra; y Asamblea Nacional en Francia.

No obstante la denominación que reciban los diputados de acuerdo a los países en los que actúen, bien sean congresistas, representantes, asambleístas o parlamentarios, la naturaleza de su función  no se altera -ni cambia-,  y porque como ya dijimos, debe ser la de representar los intereses de la comunidad en el cuerpo colegiado del que forman parte.

Por lo que a nuestro país se refiriere existen dos tipos de diputados: los de mayoría y los de representación proporcional que integran la cámara federal y a las cámaras locales. Éstas últimas corresponden a las entidades federativas. Ambos diputados representan regiones o distritos que no necesariamente coinciden geográficamente en sus respectivos ámbitos.

Los diputados federales forman parte de un sistema bicameral, que en nuestro país se denomina Congreso de la Unión y que está integrado por la Cámara de diputados y la Cámara de Senadores, compuestas –respectivamente-, por 500 y por 128 miembros.

Existen algunas cuestiones que no son claras para la población. Por ejemplo: el origen supuestamente democrático de los diputados. Pues la realidad política ha puesto de manifiesto que no es el pueblo quien les elije. Su designación la efectúan los dirigentes gubernamentales -o partidistas-, que son los que deciden a las personas que son postuladas para asegurar la aprobación de leyes y políticas públicas que convengan a sus intereses de grupo y/o programas de gobierno.

Se tiene la impresión de que la ciudadanía solo legitima los procesos electorales a través de su voto. La génesis de su compromiso se traduce en una distancia entre los sufragantes y  los parlamentarios porque éstos se sienten más  vinculados a quienes patrocinaron su empoderamiento que con sus electores.

Por estas razones se cuestiona severamente la actuación de quienes deberían de ser auténticos representantes populares. Y por eso también su falta de vinculación  con la sociedad está en íntima relación con el desprestigio que les rodea.

En general, en los congresos -federal y locales-, se vienen presentando prácticas parlamentarias que ayudan a desvirtuar aún más la naturaleza de esas instituciones legislativas. La instauración de Juntas de Coordinación Política niega la esencia de esos órganos deliberativos, pues de manera indebida terminan por ser ellas las que realizan la negociación, el acuerdo y la conciliación de propuestas. Esas juntas son las que deciden: que iniciativa se discutirá; cuál tema se tratará; quienes intervendrán en los debates; la argumentación que se expondrá;  el sentido en qué se votará en las comisiones -y en el pleno-; y finalmente, cuál será la manifestación del voto respecto de la iniciativa en cuestión. Los diputados –de todos los partidos-, se ven así reducidos a simples espectadores, aprobando las leyes sin discusión y sin debate. En muchas ocasiones  aprueban normas que no tienen ninguna posibilidad de llevarse a la práctica porque al elaborarlas se ignora el costo económico que implica su implementación

La actividad de las cámaras legislativas está muy acotada y limitada en México. En la práctica parlamentaria mundial su quehacer comprende funciones: representativas; deliberativas; financieras; legislativas; de control; orientación política; jurisdiccionales; electorales; administrativas; de indagación; comunicación; educativas; gestión social; negociación;  y de coordinación de gobierno para facilitar la función ejecutiva; etc.

Todas estas posibilidades constituyen la riqueza política del quehacer parlamentario. Renunciar a ellas -o simplemente no ejercerlas-, constituye una abdicación al deber esencial de la función parlamentaria. Los analistas políticos no han reparado en que muy probablemente ésta circunstancia de abandono -y minusvalía-,  cameral  se encuentra en la base de la pobreza institucional que se vive en nuestro país.

Me atrevo a sostener que en la cercanía del centenario de nuestra constitución política de 1917, más que una radical transformación jurídica o política, gran parte de los males que padecemos se podrían conjurar -y encauzar-, si se llevaran a cabo las nobles funciones que debería de realizar el parlamento mexicano.

En la provincia mexicana el fenómeno se agudiza. Los diputados locales casi siempre están solícitos a los caprichos y consignas de sus gobernadores. No reparan en el daño que hacen. Hasta hace poco, eran ajenos al juicio social y a la censura de la opinión pública. Pero eso tendrá que cambiar.      Están apareciendo formas de condena social  que, poco a poco, harán que piensen dos veces antes de emitir con docilidad su voto en las cámaras.

El repudio y el desprecio para con ellos -y hasta para sus familiares-, operará como un  poderoso freno. Nadie puede ser tan cínico o indiferente como para no sentir la marginación de sus congéneres. Pero, sobre  todo, quienes ejercen la investidura popular tendrán que sopesaran el hecho de con actuaciones lacayunas cancelaran su futuro político.

En estos momentos nuestra entidad veracruzana atraviesa por terrenos no imaginados. La alternancia experimentada afronta grandes desafíos. El congreso tendrá la enorme responsabilidad de votar la iniciativa que posibilitaría usar lo recaudado por el impuesto a la nómina para el pago de proveedores y acreedores. Sin duda esa no fue la intención al instituirle.  Han surgido voces de los causantes de ese impuesto que manifiestan su inconformidad.  Muchos analistas, académicos y observadores coinciden con ellos. Ojalá que en un atisbo de responsabilidad con sus electores los diputados veracruzanos de la LXIII legislatura estén a la altura del trance que los pone a prueba. De no ser así, la historia se los demandará.

*Analista político. Maestro universitario. Autor de libros sobre Derecho Electoral y Parlamentario.


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